Tras el atentado que sufrió el senador Miguel Uribe Turbay, se han conocido una serie de videos en redes sociales de "presuntos" implicados en este hecho, que, supuestamente, estaban acompañando al joven que realizó los disparos al precandidato del Centro Democrático mientras daba una charla en el barrio Modelia en Bogotá.Entre esos supuestos implicados se encontraba una mujer, que, según un video, hablaba con el joven minutos antes de que este cometiera este crimen. Muchos la relacionaron con el caso y aseguraron que, incluso, podía ser la encargada de llevar el arma. Por eso, ella misma se presentó ante las autoridades y comenzó a ser interrogada por parte de la Fiscalía General de la Nación.La mujer se presentó en la URI de Usaquén al lado de su abogada y ante el ente investigador advirtió que no se encontraba relacionada con este caso ni mucho menos conoce al joven, de 14 años, que disparó con el senador Miguel Uribe Turbay. Y es que, en redes sociales, muchas personas comenzaron a difundir su imagen implicándola en este atentado.Ella era buscada por las autoridades a raíz de dicho video y, por ende, tomó la decisión de presentarse de manera voluntaria para aclarar la situación y desligarse de este caso que tiene conmocionado a todo el país, a la espera de un nuevo reporte médico para conocer el estado de salud e Uribe Turbay, quien se encuentra en la clínica de Santa Fe en el norte de la capital del país.En dicho video, también se ve a otras personas que miran al joven, y, en redes sociales, también los han relacionado con el caso. Pero hasta ahora la Policía no ha confirmado si esto es verdad, o son simples coincidencias que captó la persona que graba todo el evento con su celular y que, posteriormente, subió a TikTok.
En la noche de este domingo, 8 de junio, se realizará la audiencia de aprehensión contra el menor de edad señalado de ser el responsable del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en Bogotá.Blu Radio conoció los delitos que le serán imputados a este joven de 14 años que quedó registrado en varios videos disparando contra el político del Centro Democrático en la tarde del sábado 7 de junio en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón.¿Qué delitos le imputarán?El menor será imputado por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. La Fiscalía también va a solicitar medida privativa de libertad en un centro especializado para menores de edad.Además, se ha conocido que la Fiscalía tiene cuatro líneas de investigación sobre lo que estaría detrás de este atentado e, incluso, se han analizado 150 cámara del sector para poder identificar posibles cómplices del menor de edad en este caso.De hecho, las autoridades ya están analizando las grabaciones de la semana pasada de las cámaras del parque El Golfito en Modelia, donde ocurrió el ataque contra el senador, para determinar si el menor había estado antes en el lugar, pues se conocía con antelación que Miguel Uribe iba a ir a ese barrio para compartir sus ideas con los ciudadanos.De igual manera, se han realizado 40 entrevistas para dar con los autores intelectuales de este ataque.¿Cuál pena pagaría el menor de 14 años?Según el abogado penalista Saúl León, en conversación con Noticias Caracol En Vivo, un menor de edad que sea imputado por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, podría recibir una pena máxima de 8 años en un establecimiento especializado, no en una cárcel ordinaria. Esto significa que el menor recobraría su libertad a los 22 años, o incluso antes si tiene buena conducta o estudia.En contraste, si un mayor de edad cometiera estos delitos, podría enfrentar una pena mucho más severa, de 40 a 50 años de cárcel. La diferencia en las penas se debe a la aplicación del código de infancia y adolescencia en el caso de menores de edad.
En diferentes videos quedó registrado cómo un menor de edad fue el que accionó el arma que atentó contra el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay mientras realizaba un discurso en el occidente de Bogotá.De hecho, segundos después del tiroteo que se presentó en el barrio Modelia, el menor de 14 años fue aprehendido por las autoridades al fallar en su intento de huida.¿Qué pena recibiría señalado de atentado?Según el abogado penalista Saúl León entrevistado por Noticias Caracol En Vivo, el menor de edad podría recibir una pena máxima de 8 años, la cual no sería en una cárcel ordinaria; es decir, recobraría su libertad a los 22 años e, incluso, antes si tiene una buena conducta o estudia."Por disposición del código de infancia y adolescencia pagaría una privación de la libertad de solamente hasta 8 años en un establecimiento especializado, no en una cárcel", explicó León.El código penal en Colombia establece una diferenciación para las penas de los delitos si lo comete un menor de 18 años, pues un mayor de edad, en un caso similar, podría ser acusado por los delitos de porte ilegal de armas y homicidio agravado en grado de tentativa podría enfrentar una pena de 40 hasta 50 años de cárcel.El abogado también explicó que los menores de edad no tienen beneficio en la reducción de sus penas en caso de colaborar con la justicia, en este caso por dar información sobre los autores intelectuales sobre este atentado, por lo que también se podría dar el escenario que el joven de 14 años decida no compartir datos claves con las autoridades."Resulta urgente que a partir de los materiales probatorios que tienen las autoridades, videos, arma de fuego y testimonio del menor, se consoliden las hipótesis delictivas para determinar quiénes fueron sus cómplices, quienes le prestaron el arma y quiénes lo iban a ayudar a escapar", añadió León.Por el momento el menor permanece en la Clínica Colombia recuperándose de una herida de bala en una de sus piernas.
La Procuraduría General de la Nación solicitó al Consejo de Estado rechazar la petición de un ciudadano que buscaba suspender los efectos de la votación realizada en el Senado de la República, en la que se emitió un concepto desfavorable frente a la solicitud del presidente Gustavo Petro de convocar a una consulta popular.En un concepto enviado a la Sección Quinta del Consejo de Estado, el Ministerio Público argumentó que, en el momento, no se evidencia una vulneración al orden jurídico en la expedición del acta que certificó los resultados de la sesión plenaria del Senado, llevada a cabo el pasado 14 de mayo. En consecuencia, la Procuraduría considera que no procede adoptar una medida cautelar para suspender los efectos del acto cuestionado.“El análisis de los elementos de juicio presentados no permite concluir que hubo una irregularidad jurídica. Lo que se observa son interpretaciones particulares que no tienen la contundencia necesaria para desvirtuar la legalidad del acto demandado”, señaló la Procuraduría en su concepto.Este pronunciamiento se produce en medio de una creciente controversia política, luego de que el presidente Petro insistiera en su intención de impulsar la consulta popular mediante decreto, argumentando que el Congreso no se pronunció formalmente sobre su solicitud. Sin embargo, varios sectores políticos, incluyendo congresistas de distintas bancadas, han reiterado que sí se realizó una votación en el Senado y que esta hundió la iniciativa.Por su parte, esta postura de la Procuraduría se interpreta como un apoyo al trámite legislativo y contradice la narrativa del Gobierno sobre la supuesta ausencia de un pronunciamiento del Congreso.Con esta posición, el ente de control respalda la validez del procedimiento llevado a cabo en el Legislativo, consolidado en el acta oficial que certifica el resultado desfavorable para la consulta.
Este sábado, 7 de junio de 2025, se llevó a cabo el sorteo 2509 de Baloto, con un premio acumulado que alcanzó los 5.000 millones de pesos. Adicionalmente, el sorteo de Baloto Revancha ofreció un premio de 21.500 millones.Resultado del Baloto y Baloto Revancha del último sorteoEn el sorteo 2509 realizado el sábado, 7 de junio de mayo de 2025, los resultados fueron los siguientes:Baloto: 09 - 21 - 06 - 36 - 42 súper balota: 09.Revancha: 03 - 26 - 27 - 29 - 30 súper balota: 15.Resultados completos del Baloto este 7 de junioEl 7 de junio se realizó el sorteo de Baloto y Revancha, donde el acumulado sigue creciendo tras no encontrarse ganadores del gran premio mayor. Estos fueron los resultados destacados:Baloto:Nuevo acumulado: $5.400 millones.No hubo ganadores en las categorías principales (5 + Super Balota o 5 aciertos).Premios destacados:4 + Super Balota: 5 ganadores, $1.921.600 cada uno.4 aciertos: 98 ganadores, $107.250 cada uno.3 + Super Balota: 210 ganadores, $43.350 cada uno.2 + Super Balota: 2.488 ganadores, $9.550 cada uno.0 + Super Balota: 24.556 ganadores, $6.000 cada uno.Revancha:Nuevo acumulado: $21.600 millones.No hubo ganadores de los premios mayores (5 + Super Balota o 5 aciertos).Premios destacados:4 + Super Balota: 3 ganadores, $1.542.050 cada uno.4 aciertos: 38 ganadores, $133.150 cada uno.3 + Super Balota: 133 ganadores, $32.950 cada uno.2 + Super Balota: 1.780 ganadores, $6.400 cada uno.0 + Super Balota: 20.155 ganadores, $3.000 cada uno.Próximo sorteo: lunes, 9 de junio de 2025Los acumulados siguen creciendo. Para el próximo sorteo, los jugadores tendrán la oportunidad de ganar:💰 Baloto: $5.400 millones💰 Revancha: $21.600 millones
El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay salió de la cirugía a la que fue sometido en la noche del sábado en la Fundación Santa Fe de Bogotá, tras ser herido gravemente en un atentado, pero su estado sigue siendo crítico, informaron personas de su entorno."Nos informa María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe: 'Miguel salió de la cirugía, lo logró'. Ahora un gran esfuerzo en su recuperación", escribió en X el representante a la Cámara Christian Garcés, miembro del partido uribista Centro Democrático, el mismo del político atacado.La Fundación Santa Fe no ha informado hasta el momento sobre el resultado de la cirugía y, en un primer parte divulgado la noche del sábado, señaló que Uribe Turbay "ingresó en estado crítico" y estaba "en procedimiento neuroquirúrgico y vascular periférico".El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que acudió a la Fundación Santa Fe, confirmó a periodistas que Uribe Turbay superó la primera cirugía."Es una gran noticia lo que nos ha contado ya la clínica, que (Miguel Uribe) superó la primera intervención. Son momentos y horas críticas para que sobreviva. Hay que pedirle a Dios que guarde la vida de Miguel y supere esta situación", manifestó Galán, cuyo padre, el político liberal Luis Carlos Galán, fue asesinado en un atentado similar en 1989 cuando también buscaba la presidencia colombiana.El mandatario local hizo un llamado y aseguró que en Colombia no se puede volver a la época en la que "eliminaban" a quien pensaba distinto. "Quiero expresar mi más profundo rechazo a este intento de asesinato del senador Miguel Uribe. No podemos volver a situaciones de violencia política ni regresar a épocas en las que la violencia se usó para eliminar a quien pensaba distinto. Hago un llamado a las autoridades para que actúen con la celeridad del caso en las investigaciones, den con los autores intelectuales de este crimen y garanticen la seguridad de los candidatos de cara a las elecciones de 2026", dijo el alcalde. Luis Carlos Galán, un crimen que partió a ColombiaEl líder liberal Luis Carlos Galán Sarmiento, de 45 años, fue asesinado la noche del 18 de agosto de 1989 durante un acto de campaña a la Presidencia en la plaza principal de Soacha, un municipio aledaño a Bogotá en donde se erige hoy una estatua suya con el puño derecho en alto.Pocos segundos después de que subiera a una improvisada tarima, los asesinos, que estaban mezclados con la gente que seguía al político, accionaron las armas contra el candidato que era en ese momento el favorito para ganar las elecciones para convertirse en presidente de Colombia para el período 1990-1994.El homicidio del político fue atribuido a una alianza del cartel de Medellín, dirigido por el capo Pablo Escobar, con sectores políticos y agentes estatales contrarios a la figura de la extradición.Galán era enemigo de los carteles de la droga y como político había prometido que si llegaba a la Presidencia extraditaría a los entonces jefes del narcotráfico a Estados Unidos.Las banderas de Galán fueron recogidas por su jefe de campaña, César Gaviria, quien fue elegido presidente para el periodo 1990-1994.Juan Manuel y Carlos Fernando Galán, dos de los hijos del político asesinado, ganaron años después escaños en el Senado y el segundo es el actual alcalde de Bogotá.
El papa apeló al amor como antídoto contra los males que afligen el mundo, desde el egoísmo que impide "establecer vínculos", a las guerras que surgen de "la lógica de la exclusión", sin olvidar los dolorosos "feminicidios", durante la misa del Domingo de Pentecostés.Ante unos 80.000 fieles, según el Vaticano, reunidos en una abarrotada plaza de San Pedro, con ocasión del Jubileo de los Movimientos, Asociaciones y Nuevas Comunidades, el papa habló en su homilía de la acción del Espíritu Santo, cuya revelación se celebra en Pentecostés, y quiso recordar a sus predecesores Benedicto XVI y Francisco."El Espíritu abre las fronteras" y "nuestra vida al amor", dijo el pontífice estadounidense y peruano, citando las palabras que usó Benedicto XVI 20 años atrás, también en Pentecostés, cuando aseguró que la Iglesia "debe abrir las fronteras entre los pueblos y derribar las barreras entre las clases y las razas", sin "olvidados ni despreciados".Y esa apertura, subrayó León XIV, debe empezar "ante todo, dentro de nosotros", para que "nuestra vida se convierta en un espacio hospitalario"."Es triste observar como en un mundo donde se multiplican las ocasiones para socializar, corremos el riesgo de estar paradójicamente más solos, siempre conectados y, sin embargo, incapaces de 'establecer vínculos', siempre inmersos en la multitud, pero restando viajeros desorientados y solitarios", pero el amor "disuelve nuestras durezas, cerrazones, egoísmos, los miedos que nos paralizan".El amor "también las fronteras en nuestras relaciones" y permite "abrirnos a los hermanos, vencer nuestras rigideces, superar el miedo hacia el que es distinto, educar las pasiones que se sublevan dentro de nosotros" e incluso "transforma también aquellos peligros más ocultos que contaminan nuestras relaciones, como los malentendidos, los prejuicios, las instrumentalizaciones"."Pienso también -con mucho dolor- en los casos en que una relación se intoxica por la voluntad de dominar al otro, una actitud que frecuentemente desemboca en violencia, como desgraciadamente demuestran los numerosos y recientes casos de feminicidio", aseguró el papa.El amor "en cambio, hace madurar en nosotros los frutos que ayudan a vivir relaciones auténticas y sanas", añadió, en un momento en el que varios asesinatos de mujeres mantienen conmocionada a la sociedad italiana."Y este es un criterio decisivo también para la Iglesia" y no debe haber "entre nosotros ni fronteras ni divisiones, si en la Iglesia sabemos dialogar y acogernos mutuamente integrando nuestras diferencias".El pontífice quiso destacar, por último, que "el Espíritu abre las fronteras también entre los pueblos" porque "las diferencias, cuando el Soplo divino une nuestros corazones y nos hace ver en el otro el rostro de un hermano, no son ocasión de división y de conflicto""Donde hay amor no hay espacio para los prejuicios, para las distancias de seguridad que nos alejan del prójimo, para la lógica de la exclusión que vemos surgir desgraciadamente también en los nacionalismos políticos", aseguró, antes de recordar que Francisco ya alertó de un mundo "anestesiado por la indiferencia y oprimido por la soledad"."Y de todo esto son una trágica señal las guerras que agitan nuestro planeta", aseveró, apelando al amor para que "abra las fronteras, abata los muros, disuelva el odio" y "sostenga nuestros esfuerzos para la construcción de un mundo donde reine la paz".Antes de la eucaristía, el pontífice recorrió la plaza sobre su papamóvil, bendiciendo a decenas de niños que le acercaban sus colaboradores a su vehículo descapotable y saludando entre gritos de 'León, León'.La misa congregó, según informó la Oficina de prensa del Vaticano, a unas 80.000 personas, muchas miembros de grupos y movimientos católicos de más de 100 países, entre ellos España, México, Brasil, Argentina, Perú y Colombia llegados para el Jubileo dedicado a ellos, que abarrotaron la plaza vaticana en un ambiente festivo, con banderas, cánticos y carteles.
Aquí podrá ver en detalle los resultados de la Lotería de Boyacá, en su último sorteo de este sábado, 7 de junio de 2025. Recuerde revisar su billete detenidamente para determinar si fue uno de los afortunados ganadores de este sorteo.El último resultado del sorteo 4575 de la Lotería de Boyacá dio como ganador el número 4930 de la serie 425 con un premio mayor de $15.000 millones. ¡Felicidades al ganador!Si no acertó en el premio mayor, aún tiene muchas posibilidades de ganar con los secos.Números ganadores de los secosEstos son los secos de la Lotería de Boyacá del sorteo del sábado 7 de junio:PremioNúmeroSerieSeco 1000'6486030Seco 400'9806153Seco 300'8443410Seco 100'3887344Seco 50'5756346Seco 50'3138051Seco 50'4523042Seco 50'5926244Seco 20'1973019Seco 20'4781152Seco 20'4222435Seco 20'1830359Seco 20'4025267Seco 20'0739338Seco 20'6151066Seco 20'1957138Seco 20'4021335Seco 20'3260404Seco 20'6553105Seco 20'1304253Seco 20'4284132Seco 20'7560067Seco 20'1078133Seco 10'0071122Seco 10'0219435Seco 10'0516309Seco 10'0564468Seco 10'0572443Seco 10'0719018Seco 10'0800113Seco 10'1167328Seco 10'1539354Seco 10'1736455Seco 10'1740017Seco 10'2020349Seco 10'3092006Seco 10'3871348Seco 10'4047008Seco 10'4112014Seco 10'4516336Seco 10'4964310Seco 10'5029265Seco 10'5390324Seco 10'5748348Seco 10'5761064Seco 10'5881128Seco 10'5957063Seco 10'6296221Seco 10'6460004Seco 10'6461436Seco 10'6941434Seco 10'7437103Seco 10'7448430Seco 10'7489439Seco 10'7976250Seco 10'8535166Seco 10'8712426Seco 10'9596343Seco 10'9993144A continuación encontrará los resultados oficiales de la Lotería de Boyacá, publicados por la empresa en sus redes sociales y sitio web.Lanzamiento adicional del sábado 7 de junioEste sábado, 7 de junio, se jugó el lanzamiento adicional de la Lotería de Boyacá: Reviva en el siguiente video el sorteo en vivo de la Lotería de Boyacá:Los últimos números ganadores de la Lotería de Boyacá31 de mayo: 4848 serie 13824 de mayo: 8151 serie 02717 de mayo: 6611 serie 13010 de mayo: 1551 serie 2533 de mayo: 2585 serie 134.
El sábado, 7 de junio, a las 11:00 p.m. se realiza el sorteo número 2562 de la Lotería del Cauca, con un premio mayor de 8.000 millones de pesos. El número ganador es el 3509 de la serie 193.Lo invitamos a verificar si su billete ha sido uno de los afortunados ganadores.Resultados sorteo N.º 2562 de la Lotería de CaucaA continuación, puede consultar los resultados completos de la lotería del Cauca, incluidos los premios secosPremiosNúmeroSeriePremio mayor3509193300 Mllones0977298200 Millones3900240100 Millones6374190100 Millones952527350 Millones902726750 Millones429010750 Millones643706710 Millones247007610 Millones237403510 Millones791528110 Millones436625310 Millones241915410 Millones830318110 Millones151413410 Millones910127710 Millones533005210 Millones358121310 Millones657726810 Millones159406710 Millones985603510 Millones710624610 Millones781805010 Millones740819810 Millones629825310 Millones649813110 Millones795811110 Millones859030610 Millones801213810 Millones663109910 Millones713830410 Millones813503410 Millones700607710 Millones485020810 Millones4927071A continuación en encontrará la imagen oficial de los resultados del sorteo 2562 de la Lotería del Cauca. Si su número está en la tabla anterior, compruebe si aparece en los resultados oficiales, de la Lotería del Cauca.Los últimos números ganadores de la Lotería de Cauca31 de mayo: 5457 serie 00724 de mayo: 4039 serie 16917 de mayo: 6818 serie 29510 de mayo: 4731 serie 0483 de mayo: 8393 serie 180Video del sorteo de la Lotería del Cauca
Para muchos colombianos, vivir en conjuntos residenciales implica compartir espacios con diferentes tipos de familias, lo que exige seguir ciertas normas con el fin de garantizar una sana convivencia entre los residentes.Por ello, quienes incumplen lo establecido suelen enfrentar sanciones económicas o, en casos más graves, consecuencias legales. De hecho, la ley colombiana contempla medidas estrictas cuando se cometen infracciones que involucran a menores de edad dentro de estos espacios.En las últimas semanas, ha llamado la atención la discusión sobre los castigos aplicables en conjuntos residenciales cuando se vulneran los derechos de niños y adolescentes. Colombia cuenta con normas claras que protegen la integridad física, emocional y mental de los menores, y castiga a quienes atenten contra ellos.¿Qué ley protege a los menores en conjuntos residenciales?La Ley 675 de 2001, que regula el régimen de propiedad horizontal, junto con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016), establece normas aplicables en conjuntos residenciales. El artículo 38 de esta última norma señala que, dentro o fuera del conjunto, si se engaña a un menor o se le incita a presenciar actividades inadecuadas para su edad, como el consumo de drogas o actos vandálicos, los responsables pueden ser sancionados.La multa correspondiente es de tipo 4, equivalente a 16 salarios mínimos diarios legales vigentes. Para 2025, esto representa una sanción de $759.200.¿Qué hacer si recibe una sanción en un conjunto residencial?Las sanciones relacionadas con menores pueden ser sorpresivas, especialmente cuando derivan del comportamiento de terceros. Por eso, es importante saber cómo actuar ante una multa de este tipo:Notificación formal: El presunto infractor debe recibir una notificación por escrito. Si la conducta puede corregirse, se debe otorgar un plazo razonable para hacerlo, respetando el debido proceso.Sustento normativo: La conducta sancionada debe estar contemplada en el reglamento de propiedad horizontal o en el manual de convivencia del conjunto. De lo contrario, la sanción puede carecer de validez.Quién impone la sanción: Ni la administración ni el comité de convivencia pueden imponer sanciones por su cuenta. Solo la asamblea de copropietarios o el consejo de administración tienen la facultad para hacerlo legalmente.Si considera que la multa es injusta, es recomendable que siga los siguientes pasos para evitar pagar de más: Lo primero es revisar que haya sido notificada de forma correcta. Luego, consulte el reglamento interno del conjunto para verificar si la sanción tiene fundamento.En caso de estar en desacuerdo, puede presentar una apelación. Si esta no prospera, lo recomendable es buscar asesoría legal o acudir a una conciliación con la administración del conjunto para resolver la situación.
El abogado Iván Cancino, defensor del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Carlos Ramón González, manifestó su preocupación sobre las acusaciones presentadas por la Fiscalía, que sugieren que su defendido podría estar en Nicaragua y que representa un riesgo de no comparecencia. "La defensa no tiene que ver con el lugar donde se encuentre Carlos Ramón, sino con el cumplimiento de las citaciones judiciales", afirmó Cancino en entrevista con Noticias de la Mañana, de Blu Radio.¿Qué dice Iván Cancino sobre Carlos Ramón?El abogado enfatizó que Carlos Ramón González ha cumplido con todas sus citaciones. Según Cancino, "no ha habido una sola citación de la justicia donde Carlos Ramón no haya estado presente", buscando desestimar así las afirmaciones de la Fiscalía sobre un posible riesgo de incomparecencia. "Argumentar que existe riesgo de no comparecencia es simplemente falso", añadió el abogado.¿Pruebas insuficientes de la Fiscalía?Cancino también se pronunció sobre la calidad de las pruebas que la Fiscalía ha presentado en contra de su defendido. Según él, carecen de sustento. "Resulta increíble que no haya una sola prueba de corroboración del testimonio de un delincuente confeso", comentó. Se refirió a lo que, dice él, son testimonios contradictorios y a "la falta de evidencias concretas" que vinculen a su cliente con actividades delictivas.A pesar de las especulaciones respecto al paradero de González, Cancino reitera que la defensa mantendrá la libertad de su cliente y no solicitará medidas menos drásticas, como arresto domiciliario. "Un inocente no negocia su libertad", declaró. Aseguró que toda la estrategia de defensa se discutirá en la audiencia ubicada en la Ley 1706, prometiendo argumentos sólidos y fundamentados.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La Fiscalía General de la Nación anunció que imputará cargos al almirante en retiro Guillermo Enrique Barrera Hurtado, excomandante de la Armada Nacional y exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por su presunta participación en un montaje judicial contra el también almirante Gabriel Arango Bacci, a quien se intentó vincular falsamente con redes del narcotráfico.De acuerdo con la información oficial, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó la solicitud de audiencia de imputación ante el Tribunal Superior de Bogotá. Barrera será procesado por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público agravado.Según el ente acusador, las pruebas recopiladas durante la investigación permitirían concluir que Barrera habría entregado información falsa para sustentar la acusación que se construyó en contra de Arango Bacci. El caso original, que fue desestimado por falta de pruebas, terminó revelando una serie de irregularidades que hoy abren un nuevo capítulo judicial.“El almirante en retiro Guillermo Enrique Barrera Hurtado será imputado por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público agravado”, informó la Fiscalía, luego de advertir que el oficial retirado habría manipulado documentación con el fin de inducir en error a los investigadores del caso.El escándalo que rodeó al almirante Arango Bacci estalló durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, periodo en el que Barrera se desempeñaba como comandante de la Armada. En su momento, Arango fue vinculado a una investigación por supuestos sobornos del narcotráfico, acusación que años después se confirmó como infundada.La Fiscalía sostiene que este proceso busca esclarecer uno de los episodios más controvertidos en la historia reciente de la fuerza pública, en el que habrían participado altos mandos con el propósito de perjudicar a un oficial de carrera con trayectoria destacada en la institución.Ahora será un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá quien defina si acepta los cargos y da curso a una eventual acusación formal contra el almirante Barrera, quien goza del principio de presunción de inocencia mientras avanza el proceso judicial.
La Fiscalía aseguró que tiene indicios sólidos de que Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, podría encontrarse en Nicaragua. Según reveló el ente acusador, durante la audiencia de imputación de cargos celebrada el pasado 21 de mayo, una de las conexiones virtuales se hizo desde ese país centroamericano.La fiscal del caso, María Cristina Patiño, explicó ante el Tribunal Superior de Bogotá que el análisis de las señales IP utilizadas en esa diligencia permitió identificar dos usuarios conectados bajo el criterio de búsqueda “Carlos”. Uno de ellos fue el periodista Juan Carlos Gómez Buitrago. El otro usuario aparecía como anónimo, pero, según la fiscal, las características de la conexión coinciden con la presencia virtual del imputado.“Se encontró una conexión realizada a las 9:28 de la mañana desde un teléfono celular con la IP 186.77.198.176, ubicada en la ciudad de Managua, Nicaragua, país fronterizo con Costa Rica, último lugar de destino del imputado según informó Migración Colombia”, explicó la fiscal.Agregó que dicha conexión permaneció activa durante una hora y 29 minutos, lo que coincide con el tiempo que duró la audiencia. La Fiscalía concluyó que:“Es probable que el usuario registrado en la reunión virtual como ‘usuario anónimo’, bajo el criterio de búsqueda Carlos, corresponda al ciudadano Carlos Ramón González Merchán, quien puede estar ubicado en Nicaragua y no en el norte de Bogotá, donde dijo tener su arraigo”.Estas declaraciones se suman a los señalamientos de la Fiscalía sobre una posible intención del exfuncionario de evadir la acción de la justicia. También se investiga si González estaría gestionando un posible asilo político en el extranjero.
Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), dijo en interrogatorio ante la Fiscalía una serie de afirmaciones que comprometen directamente a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), en el escándalo de corrupción que salpica a las altas esferas del Gobierno.Durante un interrogatorio, López relató cómo fue citado en varias ocasiones a reuniones en el Palacio de Nariño, antes de consejos de ministros, donde, según él, se concretaban instrucciones clave. Uno de esos encuentros ocurrió el 21 de septiembre de 2023, fecha ya mencionada como crítica en la investigación. López aseguró que en esa oportunidad recibió una orden clara de González: “Había que cumplirles al presidente del Senado y al presidente de la Cámara”, en referencia a Iván Name y Andrés Calle.Según el testimonio, González habría indicado que ya existían compromisos adquiridos con los congresistas y que se debía cumplir con la entrega de contratos. “Me habló de contratos. 60.000 millones para Name y un poco más de 10.000 para Calle”, detalló López en su declaración ante los fiscales del caso.El exdirector de la UNGRD también explicó que estos compromisos se enmarcaban en un contexto político tenso, donde se buscaba asegurar el respaldo de los líderes del Congreso a las reformas sociales impulsadas por el Gobierno. López señaló que las instrucciones que recibía de González eran directas y que las reuniones se realizaban en espacios cercanos al despacho presidencial, muchas veces aprovechando los tiempos previos a las sesiones del Consejo de Ministros.López, quien ahora colabora con la justicia, insistió en que las órdenes para direccionar contratos provenían del entonces director del Dapre. También mencionó que Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones, fue parte de estos encuentros en Palacio.Estas revelaciones hacen parte del material probatorio que la Fiscalía presentó en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Carlos Ramón González, a quien investiga por los delitos de cohecho, peculado y lavado de activos. La confesión de López se suma a otros elementos como pruebas de geolocalización y registros de seguridad alterados en la Casa de Nariño.La Fiscalía sostiene que el objetivo de la operación de corrupción era garantizar el apoyo parlamentario a las reformas oficiales, a través de la entrega irregular de recursos públicos disfrazados de contratos adjudicados desde la UNGRD.
La Fiscalía expuso este 6 de junio, en audiencia ante el Tribunal Superior de Bogotá, varios elementos que respaldan su tesis de que Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, participó en un esquema de corrupción que involucró la entrega de 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name.Entre las pruebas presentadas se destacó un análisis de geolocalización de los teléfonos celulares de González, Sandra Ortiz y Olmedo López, que coincide con la fecha del 21 de septiembre de 2023, alrededor de las 4 de la tarde. Según el testimonio de López, en ese momento se habría acordado el pago ilícito a Name y un desayuno posterior para definir los detalles de la entrega del dinero.Ese encuentro se habría concretado el 25 de septiembre en el Hotel Tequendama, donde residía Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones. Las coordenadas de los teléfonos de los tres exfuncionarios coincidieron con la ubicación del Palacio de Nariño, y también se presentaron registros de placas que ubican vehículos oficiales en los alrededores.Otro punto relevante fue la trazabilidad del trayecto de Sandra Ortiz hasta el apartamento de Iván Name, en el norte de Bogotá, donde se habría entregado el dinero los días 12 y 13 de octubre de 2023.Estos datos, obtenidos mediante proveedores de telefonía móvil, fueron utilizados para elaborar los mapas satelitales y gráficas que la Fiscalía presentó como parte de su solicitud de medida de aseguramiento contra González.También se incorporó la declaración juramentada de Olmedo López, quien señaló a González como el responsable de direccionar contratos y gestionar la entrega de dineros como contraprestación para impulsar las reformas sociales del Gobierno.
La Fiscalía advirtió al Tribunal Superior de Bogotá sobre irregularidades en los registros de las cámaras de seguridad del Palacio de Nariño, justo en los espacios y fechas donde se habrían reunido Olmedo López, Sandra Ortiz y Carlos Ramón González, en el marco del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD). Además, solicitó una medida de aseguramiento en centro carcelario contra González, quien para el momento de los hechos se desempeñaba como director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).Según se confirmó este miércoles en audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, las grabaciones que debieron registrar el encuentro del 21 de septiembre de 2023 presentan vacíos de continuidad. Esta revelación respalda lo que ya había sido informado por Blu Radio el pasado 20 de mayo.Los registros de seguridad analizados cubren el período del 10 de septiembre al 11 de diciembre de 2023 e incluyen áreas como el salón del consejo de ministros, hall monja, salón gobelino, salón virreinal y la jefatura del despacho del Dapre. Sin embargo, se detectaron fallas puntuales en las cámaras 123 y 125, ubicadas en las zonas conocidas como “Escaleras Presidente” y “Despacho Presidente 2”, consideradas clave para verificar los encuentros entre los exfuncionarios investigados.Desde la Presidencia se explicó que las fallas se deben a problemas técnicos del sistema de seguridad. Para respaldar esta versión, se presentó un concepto técnico elaborado por un experto, junto con comunicaciones previas enviadas al Dapre que advertían sobre estos fallos.Carlos Ramón González es señalado por la Fiscalía de participar en un esquema de corrupción dentro de la UNGRD, y se considera que hay pruebas suficientes para imputarle los delitos de cohecho, peculado y lavado de activos. Su nombre ha sido mencionado en repetidas ocasiones por Olmedo López, quien en esa época era director de la UNGRD, y por Sneyder Pinilla, exsubdirector de la misma entidad, ambos testigos colaboradores en el proceso.Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones, también ha sido señalada, aunque no ha sido formalmente vinculada como cooperante.Según López, González le dio instrucciones para entregar 4.000 millones de pesos a los congresistas Iván Name y Andrés Calle con el objetivo de asegurar el apoyo a las reformas sociales del Gobierno en el segundo semestre de 2023. Una de las fechas clave es el 21 de septiembre, día en que se habría pactado la entrega de esos recursos.Además de las grabaciones de seguridad, la Fiscalía presentó como prueba la información de geolocalización obtenida a través de proveedores de telefonía móvil. Las coordenadas de los celulares de González coinciden con las de Olmedo López y Sandra Ortiz en los lugares y fechas en cuestión, lo que refuerza la línea investigativa del ente acusador.Como parte de la investigación, el 30 de abril la Fiscalía también recibió 20 archivos PDF y cuatro documentos en Excel relacionados con las declaraciones de renta y otros informes tributarios de González. Así mismo, se solicitó autorización al Tribunal para realizar inspecciones en la Presidencia, la Dian y la empresa de telefonía vinculada al exfuncionario.
La plataforma de domicilios Rappi está siendo investigada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), luego de que se formularan pliegos de cargos por posibles infracciones a los derechos de los consumidores en Colombia.Según lo indicado en las resoluciones N°. 31112 y 31103 del 23 de mayo de 2025, la entidad señala fallas en la calidad del servicio, publicidad engañosa, falta de información clara y el incumplimiento de órdenes administrativas previas.Entregas tardías, productos en mal estado y fallas en la atención al clienteDe acuerdo con la SIC, Rappi habría vulnerado el derecho de los usuarios al entregar productos en mal estado, incompletos o con demoras. Además, la plataforma no estaría respondiendo de manera adecuada a las peticiones, quejas y reclamos presentados por los consumidores.Uno de los aspectos más delicados es la supuesta omisión en la entrega de productos adquiridos, lo que representa un incumplimiento directo del contrato de compraventa celebrado entre el usuario y la plataforma.Posible publicidad engañosa y falta de información en cobrosOtro punto clave en la investigación es el servicio “Turbo” de Rappi, el cual, según la SIC, no estaría cumpliendo con las condiciones anunciadas en su publicidad, lo que podría considerarse como publicidad engañosa.Asimismo, la entidad advirtió que Rappi no ha brindado información clara, oportuna y suficiente sobre los cobros realizados ni sobre el precio por unidad de medida (PUM) en varios de los productos ofrecidos. Esto va en contravía del derecho de los consumidores a recibir información transparente al momento de realizar una compra.Cláusulas abusivas e incumplimiento de órdenes anterioresUno de los señalamientos más graves tiene que ver con la inclusión de cláusulas contractuales que limitarían de forma unilateral la responsabilidad de la empresa. Según la SIC, esto rompe el equilibrio entre las partes y deja al consumidor en desventaja frente a la compañía.Adicionalmente, Rappi habría incumplido con las órdenes impartidas en mayo de 2024 mediante la Resolución N° 27648, donde se le exigía mejorar la calidad del servicio y eliminar cláusulas abusivas que eximían a la empresa de asumir su responsabilidad frente a los usuarios.De comprobarse las irregularidades, la plataforma podría enfrentar sanciones económicas y otras medidas por parte de la autoridad de protección al consumidor en Colombia.
Salieron a la luz las primeras imágenes que se conocen de lo que fue el traslado de Andrés Felipe Marín, alias 'Pipe Tuluá’, máximo cabecilla de la banda La Inmaculada desde las instalaciones de La Picota en Bogotá, hacia una estación de la Policía, puntualmente a la estación Mártires, en el centro de la ciudad, donde fueron extremadas las medidas de seguridad ante la alerta de un plan de fuga y del movimiento de millonarios recursos, más de 800 millones de pesos para lograr este cometido.Según el director del Inpec, el coronel Daniel Guitierrez, la salida de este peligroso criminal se dio por una solicitud de la Policía de trasladarlo a unas instalaciones que cumplen con los requisitos de seguridad necesarios para su custodia, teniendo en cuenta lo que se viene en el proceso de extradición a los Estados Unidos.Para este traslado, describe el coronel Gutiérrez, la Policía manifestó que el traslado se tuvo que hacer uso del helicóptero Black Hawk en una operación con comandos especiales de la Policía y luego en una tanqueta blindada.En las imágenes se logra ver a este hombre, alias 'Pipe Tuluá', custodiado por comandos especiales de la Policía fuertemente armados, tiene chaleco antibalas, casco y va esposado con las manos atrás.“No es una estación de Policía normal, porque para poder tener personas privadas a libertad en guarniciones militares o en estaciones de Policía se hace un estudio técnico a través de la revisión de la infraestructura, de la seguridad penitenciaria y los programas de atención y tratamiento, es decir, para poder resolver o para poder establecer que se llevara para Mártires es porque se hizo un estudio que cumplía con esas características”, indicó el coronel.Según el director del Inpec alias 'Pipe Tuluá' estaba amenazando y declarando objetivo militar a todos los servidores penitenciarios del país y añadió además que debido a este traslado se conoció un panfleto intimidatorio hacia funcionarios del Inpec, con amenazas de muerte.
En un nuevo giro dentro del proceso judicial que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez, su equipo de defensa anunció oficialmente que ha desistido de llamar a declarar al testigo Juan Guillermo Monsalve Pineda, considerado uno de los testigos clave de la Fiscalía en el caso por presunta manipulación de testigos.La decisión fue comunicada mediante un escrito firmado por el abogado defensor Jaime Granados y dirigido a la jueza Sandra Liliana Heredia Aranda, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá. En el documento, fechado en junio de 2025, Granados solicita que se suspendan las gestiones logísticas relacionadas con el traslado de Monsalve desde el centro penitenciario al Complejo Judicial de Paloquemao, donde estaba prevista su comparecencia.“Me permito manifestar, en nombre de la defensa del ciudadano Álvaro Uribe Vélez, que hemos decidido desistir de la práctica del testimonio del señor Juan Guillermo Monsalve Pineda”, se lee en la comunicación, en la que además se agradece al despacho judicial por su diligencia en la coordinación del juicio.Juan Guillermo Monsalve, quien actualmente se encuentra privado de la libertad, ha sido una de las piezas centrales del caso, al haber señalado supuestos intentos de presión y manipulación por parte de personas del entorno del expresidente para que modificara sus declaraciones.El exparamilitar Juan Guillermo Monsalve fue uno de los primeros testigos en intervenir en el juicio por solicitud de la Fiscalía; era un testigo en común con la defensa, pero así como su exesposa Deyanira Gómez, no participará en esta segunda fase.En diálogo con Blu Radio el abogado Jaime Lombana, miembro del equipo jurídico de Uribe afirmó que esperan terminar de presentar sus pruebas antes de que termine junio.
La sentencia emitida este miércoles, 4 de junio de 2025, fue a Jefferson Eduardo López Rodríguez, Wilmer Alexander Castiblanco Torres y Jhon Jaime Vásquez Vásquez a quienes un juez penal de Bogotá condenó a más de 40 años de prisión y a una multa económica de hasta 25 mil millones de pesos cada uno por los delitos de secuestro extorsivo, hurto, acceso carnal violento, secuestro exprés y concierto para delinquir.Estos hombres se dedicaban a adelantar violentos paseos millonarios, donde no se conformaban con robar a las personas, sino que las secuestraban por varias horas para pedir rescate. La mayoría de sus víctimas eran mujeres y estos hombres abusaban sexualmente de ellas mientras las tenían secuestradas. Por lo que el juez consideró los hechos como delitos de género, lo que aumentó la condena.La investigación comenzó en diciembre de 2019, cuando una contadora pública, fue víctima de un secuestro exprés en Bogotá. De acuerdo con la narración de los hechos, ella tomó un taxi y en cuestión de minutos, fue abordada por otros individuos. Le quitaron todas sus pertenencias y tarjetas, con las que robaron más de 61 millones de pesos. La tuvieron retenida por unas tres horas antes de abandonarla en un barrio de la ciudad.Pero este no fue un caso aislado. De acuerdo con las autoridades, esta banda había afectado a al menos 22 víctimas más, la mayoría mujeres, usando siempre un patrón similar. Se movilizaban en taxis, usaban nombres clave como Diana o Paola' para identificar a sus víctimas y las intimidaban con armas e incluso tasers, cometiendo abusos sexuales durante el secuestro.La Fiscalía determinó que operaban como una organización criminal, con roles definidos. El líder, al parecer, era alias 'Care Malo' o 'Lucho', quien elegía a las víctimas con mayor poder adquisitivo. Los ahora condenados, López, Castiblanco y Vásquez, eran quienes intimidaban y hacían los retiros de dinero.El juez no solo los condenó, sino que les negó cualquier beneficio para cumplir la pena fuera de la cárcel. Los dos últimos, que estaban en libertad, ahora tienen orden de captura para cumplir su condena.
La defensa de César Manrique sostiene que la jueza de garantías no debe avalar la imputación en su contra, dado que, para la época de los hechos, ostentaba fuero constitucional en su calidad de director de la Función Pública. En ese sentido, el caso debió ser remitido al Tribunal Superior de Bogotá.Sin embargo, la Fiscalía refutó esa tesis. Según la fiscal María Cristina Patiño, el fuero constitucional solo se mantiene cuando los hechos delictivos guardan relación directa con las funciones desempeñadas como servidor público. En este caso, la Fiscalía argumenta que los hechos por los cuales se investiga a Manrique son ajenos a su rol como director de la Función Pública.La Procuraduría respaldó la posición de la Fiscalía y le manifestó a la jueza 66 de control de garantías que sí es competente para aprobar la imputación de cargos contra César Manrique, exdirector de la UNGRD y vinculado al escándalo de corrupción en dicha entidad.César Manrique es señalado de haberse apropiado de 3.000 millones de pesos provenientes de coimas pactadas con empresarios que buscaban obtener contratos financiados con recursos de un convenio entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras.
Con una votación de 82 apoyos, el Senado de la República eligió este miércoles a la abogada Lina Marcela Escobar Martínez como nueva magistrada de la Corte Constitucional, en reemplazo de Diana Fajardo.Escobar fue seleccionada de una terna exclusivamente femenina, presentada por la Corte Suprema de Justicia. Escobar logró imponerse sobre Lisneider Hinestroza, en una puja ampliamente definida por el respaldo político.Escobar cuenta con una sólida formación académica. Es abogada de la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín, magíster en Derecho Parlamentario de la Universidad Complutense de Madrid, y también magíster en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia. Además, es doctora en Derecho Constitucional.Durante su intervención en la plenaria del Senado, Escobar dejó claro su compromiso con los principios constitucionales. “Estoy lista para asumir el cargo, en donde velaré tanto por la supremacía como por la supralegalidad de una Constitución, de manera ponderada, con independencia y contextualizada con la realidad del país”, afirmó.La jurista fue respaldada principalmente por los partidos Liberal, La U y Cambio Radical, lo que le permitió obtener una victoria amplia. En su discurso, insistió en la importancia de garantizar libertades, inclusión y conciencia ambiental. “Debemos trazar rutas donde tengamos un espacio de garantías de libertades, inclusión, consciencia ambiental y cultura, desarrollo de iniciativas públicas y privadas, de apertura de derechos nominados, innominados y emergentes”, manifestó.Escobar también hizo énfasis en el respeto entre las instituciones, reconociendo el papel del Congreso en la democracia y de las cortes en la defensa de la Constitución. “El respeto es fundamental. El legislador representa la democracia del pueblo y la diversidad, así como las cortes están diseñadas para salvaguardar la Constitución”, puntualizó.Finalmente, se refirió acerca de las tensiones institucionales que atraviesa el país y llamó a trabajar desde todos los poderes por el respeto al orden constitucional.
La Fiscalía reveló que los baños del centro comercial, en el occidente de Bogotá, habrían sido utilizados como lugar clandestino para la entrega de sobornos. Entre enero y marzo de 2024, la hija del abogado Édgar Riveros Rey entregó allí varias sumas de dinero a Luis Carlos Barreto Gantivá, exsubdirector de la UNGRD. De acuerdo con la fiscal María Cristina Patiño, ese dinero terminó en manos de César Manrique, exdirector de Función Pública, como parte de las coimas pactadas para favorecer a la corporación Yapurutú con un contrato de carrotanques.Este nuevo detalle se suma a lo expuesto horas antes en la audiencia de imputación de cargos, en la que la Fiscalía señaló que Manrique se habría apropiado de 3.000 millones de pesos en el marco de una red de corrupción estructurada dentro de la UNGRD. La red, calificada por el ente acusador como una “empresa criminal”, estaría conformada por altos funcionarios y contratistas que, en alianza con empresarios, direccionaron contratos a cambio de sobornos. El punto de partida de este entramado fue un convenio entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras, que permitió movilizar 100.000 millones de pesos, recursos con los que se ejecutaron al menos nueve contratos presuntamente amañados, cada uno con una coima pactada del 7 %.La Fiscalía también señala al abogado Édgar Riveros Rey por haber falsificado documentos para facilitar la adjudicación de contratos a Yapurutú. En estas maniobras también habría participado su hija, Ana María Riveros, contratista de la UNGRD, quien según los investigadores jugó un rol activo en la entrega del dinero. Aunque en este caso puntual, Olmedo López no habría recibido sobornos, sí fue mencionado como parte del grupo que acordó la repartición de los beneficios ilegales.Además de Manrique, Riveros y Barreto, el expediente incluye a otros nombres. Sonia Rocío Romero Hernández y Óscar Enrique Cárdenas Angulo, contratistas de la UNGRD, están señalados de haber contribuido al direccionamiento de contratos. También aparecen Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, vinculados a la corporación Yapurutú, por su presunta participación en la apropiación indebida de recursos públicos.La Fiscalía anunció, finalmente, que imputará cargos por lavado de activos a Jorge Aristizábal Rodríguez, funcionario de la Función Pública, y a Ana María Riveros Barbosa.
Para muchos colombianos, vivir en un conjunto residencial, ya sea como propietarios o inquilinos representa una forma práctica de independizarse y acceder a un espacio digno.Sin embargo, residir en propiedad horizontal implica asumir responsabilidades, como cumplir normas que garanticen la convivencia pacífica y el bienestar colectivo.En Colombia, la Ley 675 de 2001 regula el régimen de propiedad horizontal y establece las bases legales para la creación o modificación de los reglamentos internos de cada copropiedad. Gracias a esta norma, se definen aspectos como las cuotas de administración, las reglas de convivencia y el uso de las zonas comunes.Sin embargo, existe una legislación adicional que impone responsabilidades específicas sobre el uso de zonas comunes como las piscinas, las cuales han sido fuente de preocupación, especialmente para padres de familia.Ley regula el uso de piscinas en conjuntos residenciales La Ley 1209 de 2008 establece obligaciones relacionadas con el uso de piscinas y otras estructuras de uso colectivo dentro de conjuntos residenciales o propiedades horizontales. Su objetivo principal es garantizar la seguridad y adecuación de estas instalaciones para prevenir accidentes, proteger la salud de los usuarios y, en especial, preservar la vida.Según el Artículo 1° de la Ley, se exige que las piscinas cumplan con condiciones técnicas y de seguridad para operar. Permitir el acceso de menores sin el cumplimiento de estos requisitos puede acarrear sanciones severas.¿Qué sanciones contempla la ley?La ley establece que los responsables de una piscina son personas naturales o jurídicas y pueden ser sancionados si permiten el acceso de menores sin la supervisión de un adulto responsable (distinto del personal de salvamento).De acuerdo con el Artículo 16 de la Ley 1209, las sanciones son:Primera falta: Multa entre 50 y 1.000 salarios mínimos legales vigentes (SMLV) y cierre temporal de la piscina o sistema de piscinas por 5 días.Segunda falta (dentro de 6 meses): Multa entre 100 y 1.500 SMLV y cierre por 5 a 15 días.Tercera falta (dentro del mismo periodo): Cierre definitivo del establecimiento.Requisitos mínimos de seguridad en piscinasEstas son algunas de las normas obligatorias que deben cumplir las piscinas en conjuntos residenciales:Acceso restringido: Menores de 12 años no pueden ingresar sin la compañía de un adulto responsable.Calidad del agua: Debe mantenerse limpia y desinfectada, cumpliendo los estándares sanitarios.Botiquín de primeros auxilios: Obligatorio en el área de la piscina.Elementos de rescate: Al menos dos flotadores con cuerda y un bastón con gancho deben estar disponibles.Señalización: La profundidad máxima debe estar indicada claramente con colores visibles.Comunicación de emergencia: Debe haber teléfono o citófono disponible las 24 horas.Dispositivos de seguridad: Barreras físicas, alarmas de inmersión y sistemas contra entrampamientos deben estar instalados.Prevención de accidentes por succiónUso de cubiertas especiales en los drenajes. Sistema automático de desactivación de succión ante bloqueos**.Botón de parada manual visible y de fácil acceso.Todas las piscinas nuevas deben contar con al menos dos drenajes y planos técnicos visibles con la información detallada del sistema.